El 16 de noviembre de 2026 la Comisión Europea publicó el borrador del modelo de cuestionario para la evaluación de impacto en derechos fundamentales que exige el artículo 27 del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act). Lo tendrán que usar los organismos públicos, las empresas privadas que prestan servicios públicos y quienes usan IA de alto riesgo para evaluar la solvencia de las personas o fijar precios en seguros de vida y de salud, antes de poner en marcha esos sistemas. La obligación se aplica desde el 2 de diciembre de 2027 y la consulta está abierta hasta el 15 de enero de 2027. Te contamos qué pide el cuestionario y qué conviene preparar ya, también si eres el proveedor del sistema.
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La Oficina de IA de la Comisión Europea ha publicado un borrador de nota explicativa y de modelo de cuestionario para la evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales, la que el Reglamento de Inteligencia Artificial exige a ciertos responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo. El artículo 27.5 encarga a la Oficina de IA ese modelo, también como herramienta automatizada, para que esas organizaciones puedan cumplir de manera simplificada. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) ha participado en su elaboración.
Es un borrador. La propia Comisión advierte de que no está adoptado y de que recoge la opinión preliminar de sus servicios, así que puede cambiar.
No todos los que usan IA de alto riesgo. El artículo 27.1 del Reglamento (UE) 2024/1689 la exige, antes de desplegar un sistema de alto riesgo del anexo III, a tres grupos de responsables del despliegue:
En todos los casos quedan fuera los sistemas destinados a las infraestructuras críticas (anexo III, punto 2).
Antes del primer despliegue del sistema, una por cada sistema y para todas sus finalidades de uso. Si después cambia algún elemento relevante, como los procesos en que se usa, las personas afectadas o la versión del sistema o del modelo en que se basa, hay que actualizarla (artículo 27.2). Según la Comisión, la obligación se aplica desde el 2 de diciembre de 2027, la misma fecha que el resto de obligaciones de los sistemas de IA de alto riesgo del anexo III.
El modelo sigue la estructura del artículo 27.1 y tiene siete secciones:
Las autoridades públicas que registran el sistema en la base de datos de la UE rellenan además un resumen que se publicará en ella (artículo 49.3). Una vez completado, el modelo se adjunta a la notificación a la autoridad de vigilancia del mercado (artículo 27.3). Quien use un sistema autorizado de forma excepcional por esa autoridad, por ejemplo por razones de seguridad pública (artículo 46.1), puede quedar exento de notificar, pero no de hacer la evaluación.
No la sustituye: la complementa. El artículo 27.4 dice que, si alguna obligación ya se cumple con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos del artículo 35 del RGPD, la de derechos fundamentales la completa. El modelo lo lleva a la práctica: en la sección de protección de datos permite remitir a la evaluación del RGPD o incorporar sus partes relevantes. La del RGPD mira los riesgos del tratamiento para los interesados; la del AI Act, los riesgos del uso del sistema para todos los derechos fundamentales, como la no discriminación o la tutela judicial efectiva. Lo explicamos con más detalle en nuestro artículo sobre el AI Act y el RGPD.
La evaluación corresponde al responsable del despliegue, pero depende mucho del proveedor. Tiene que partir de la información de las instrucciones de uso del artículo 13, que a su vez recogen el sistema de gestión de riesgos del artículo 9. Según la nota de la Comisión, ese sistema cubre los riesgos que el proveedor puede reducir al diseñar el sistema, y la evaluación del artículo 27 recoge los que dependen del contexto concreto de uso.
El artículo 27.2 permite al responsable del despliegue apoyarse en evaluaciones de impacto existentes realizadas por el proveedor. La Comisión aclara que el proveedor no está obligado a compartirlas, pero que hacerlo es una buena práctica. Para una empresa tecnológica que vende sistemas de calificación crediticia a entidades financieras o herramientas a la administración, preparar esa información será también un argumento comercial, y conviene dejar por escrito en el contrato qué entrega y para qué puede usarla el cliente. Lo tratamos en nuestra página de abogados para contratos SaaS.
Este ejemplo es ficticio. Credia es una plataforma de préstamos al consumo con sede en Valencia que decide las solicitudes con un sistema de calificación crediticia que le licencia un proveedor tecnológico. Es responsable del despliegue de un sistema de alto riesgo del anexo III, punto 5, letra b), así que antes del 2 de diciembre de 2027 tendrá que evaluar su impacto en los derechos fundamentales y notificar el resultado. Credia pide al proveedor las instrucciones de uso y la información de su sistema de gestión de riesgos, reutiliza su evaluación de impacto del RGPD para la sección de protección de datos, identifica como colectivos afectados a las personas mayores y a quienes tienen ingresos irregulares, y define quién revisa las solicitudes rechazadas y cómo reclama un solicitante. Como el borrador puede cambiar, decide probarlo con un caso real y enviar sus comentarios antes del 15 de enero.
Qué sistemas son de alto riesgo y qué otras obligaciones tienen lo explicamos en nuestra guía del Reglamento de IA (AI Act).
Es el análisis que el artículo 27 del Reglamento de IA exige a ciertos responsables del despliegue antes de usar un sistema de IA de alto riesgo: cómo y cuándo se usará, a quién puede afectar, qué riesgos de perjuicio tiene para sus derechos fundamentales, qué supervisión humana se aplica y qué se hará si el riesgo se materializa. El resultado se notifica a la autoridad de vigilancia del mercado.
Los organismos de Derecho público y las entidades privadas que prestan servicios públicos que despliegan sistemas de alto riesgo del anexo III, salvo los de infraestructuras críticas, y quienes usan IA para evaluar la solvencia de personas físicas, salvo para detectar fraude, o para evaluar riesgos y fijar precios en seguros de vida y de salud.
Según la Comisión, desde el 2 de diciembre de 2027. Hay que hacerla antes del primer despliegue del sistema y actualizarla si cambia algún elemento relevante. El modelo de cuestionario está en consulta hasta el 15 de enero de 2027 y puede cambiar antes de adoptarse.
No. La complementa (artículo 27.4). Si ya has hecho una evaluación de impacto de protección de datos para ese tratamiento, el modelo de la Comisión permite remitirse a ella o incorporar sus partes relevantes en la sección de protección de datos, pero hay que evaluar además los demás derechos fundamentales.
La obligación es del responsable del despliegue, que es quien conoce el contexto de uso. Pero puede apoyarse en evaluaciones de impacto que haya hecho el proveedor cuando el caso sea similar (artículo 27.2). El proveedor no está obligado a compartirlas, aunque la Comisión lo considera una buena práctica.
La evaluación de impacto en derechos fundamentales llega con más de un año de margen y con un modelo que todavía se puede comentar. Es buen momento para identificar los sistemas afectados y reunir la información del proveedor, en lugar de esperar al último trimestre. En Innovatech asesoramos a quienes desarrollan y a quienes usan sistemas de IA en su adaptación al Reglamento de IA, dentro de nuestro servicio de abogados del AI Act. Cuéntanos tu caso y te damos una valoración inicial gratuita.
Marta Suárez-Mansilla, Socia Directora de Innovatech y abogada que ejerce en derecho tecnológico. Formada en Copyright por Harvard Law School y en Blockchain por BerkeleyX, acumula más de 8 años de experiencia asesorando a empresas tecnológicas.
