Lanzar una startup de inteligencia artificial en España obliga a cumplir, desde el primer día, una parte del Reglamento de IA (AI Act), el RGPD y la Ley de Propiedad Intelectual. Las prácticas prohibidas se aplican desde el 2 de febrero de 2025 y las obligaciones de transparencia del artículo 50, desde el 2 de agosto de 2026; las de alto riesgo llegan el 2 de diciembre de 2027. En esta guía repasamos qué papel tiene tu startup en el AI Act, qué obligaciones ya te alcanzan, cómo asegurar que el código es de la empresa, qué contratos necesitas y qué facilidades reconoce el reglamento a las empresas emergentes, con un ejemplo práctico y una lista de comprobación.
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El Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial reparte las obligaciones por papeles, no por tamaño. Antes de mirar ninguna otra cosa, conviene saber cuál es el tuyo:
Una startup que construye su producto sobre la API de un gran modelo de lenguaje suele ser las dos cosas a la vez: responsable del despliegue del modelo de terceros y proveedor del sistema que vende a sus clientes. Y el artículo 25 convierte en proveedor a quien pone su nombre o su marca a un sistema de alto riesgo ya comercializado o lo modifica de forma sustancial.
Dos bloques del reglamento están en vigor para cualquier startup, sea cual sea el riesgo de su producto.
Prácticas prohibidas, desde el 2 de febrero de 2025. El artículo 5 prohíbe, entre otras, las técnicas subliminales o manipuladoras que causen un perjuicio considerable, la explotación de vulnerabilidades por edad o discapacidad, la puntuación social y el reconocimiento de emociones en el trabajo y en la educación, salvo por motivos médicos o de seguridad. Es el tramo de multas más alto del reglamento. Lo explicamos en nuestro artículo sobre las prácticas de IA prohibidas.
Transparencia, desde el 2 de agosto de 2026. El artículo 50 obliga al proveedor a diseñar el sistema para que las personas sepan que interactúan con una IA, salvo que resulte evidente, y a marcar en formato legible por máquina el audio, la imagen, el vídeo o el texto que genere. Al responsable del despliegue le obliga, entre otras cosas, a avisar cuando use reconocimiento de emociones o categorización biométrica y a revelar que un contenido es una ultrasuplantación. Hay un margen: los sistemas que generan contenido sintético y se introdujeron en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 tienen hasta el 2 de diciembre de 2026 para cumplir el marcado del artículo 50.2, según el Ómnibus digital sobre IA, Reglamento (UE) 2026/1744. El detalle está en nuestro artículo sobre la transparencia en IA del artículo 50.
Un sistema es de alto riesgo si es componente de seguridad de un producto regulado (anexo I) o si se usa en alguno de los ámbitos del anexo III: empleo y selección de personal, acceso a la educación, evaluación de solvencia, servicios esenciales, biometría, entre otros. Muchas startups de recursos humanos, de educación y de fintech caen aquí sin saberlo.
Tras el Ómnibus, esas obligaciones se aplican desde el 2 de diciembre de 2027 para los sistemas del anexo III y desde el 2 de agosto de 2028 para los del anexo I. Incluyen la gestión de riesgos, la gobernanza de los datos, la documentación técnica, la supervisión humana y un sistema de gestión de la calidad (artículo 17). Ese sistema se aplica de forma proporcional al tamaño del proveedor, en particular si es una pyme o una empresa emergente, pero sin rebajar el rigor que exige el reglamento. Desde el 14 de octubre de 2026 existe además una norma armonizada para construirlo: la explicamos en nuestro artículo sobre la norma armonizada EN 18286 del AI Act.
El RGPD se aplica desde el primer usuario, y en una startup de IA aparece en tres momentos:
Cómo se combinan las dos normas lo contamos en nuestro artículo sobre el AI Act y el RGPD.
Es lo primero que mira un inversor, y la Ley de Propiedad Intelectual no siempre lo resuelve a favor de la empresa:
A esto se suman las licencias de código abierto de las librerías que usa el producto, las condiciones de uso del modelo de terceros, que a menudo limitan usos comerciales o sectores, y el registro de la marca antes de invertir en ella. Cómo regularizar la titularidad del código lo explicamos en nuestro artículo sobre cesiones de software de fundadores, freelances y agencias.
Una startup de IA que vende software como servicio necesita, como mínimo, unas condiciones de servicio con su acuerdo de nivel de servicio (SLA), un contrato de encargo del tratamiento para sus clientes y una política sobre el uso de los datos de los clientes para mejorar el modelo. Desde el 12 de septiembre de 2025, el Reglamento de Datos de la UE obliga además a regular por escrito el cambio de proveedor en los servicios de tratamiento de datos. Lo explicamos en nuestra página de abogados para contratos SaaS.
Del lado de los proveedores, conviene revisar quién responde si el modelo de terceros falla o cambia, qué hace el proveedor con los datos que le envías y si su contrato te deja cumplir tus propias obligaciones de transparencia.
El reglamento obliga a cada Estado miembro a tener operativo desde el 2 de agosto de 2026 al menos un espacio controlado de pruebas para la IA a escala nacional (artículo 57), y a dar acceso prioritario a las pymes y empresas emergentes con domicilio social o sucursal en la Unión que cumplan las condiciones de admisión (artículo 62). En las multas, a las pymes y empresas emergentes se les aplica la menor cuantía entre el importe fijo y el porcentaje del volumen de negocios (artículo 99.6).
Este ejemplo es ficticio. Atenda es una startup de Madrid con doce empleados que vende un asistente de atención al cliente basado en la API de un gran modelo de lenguaje. Atenda es responsable del despliegue de ese modelo y proveedora del asistente que comercializa con su marca. Como el asistente conversa con los clientes de sus clientes, tiene que avisar de que se trata de una IA, y como genera texto, revisa con su proveedor cómo cumplir el marcado del contenido sintético antes del 2 de diciembre de 2026. El asistente no decide sobre créditos ni sobre empleo, así que no es de alto riesgo. Atenda firma encargos del tratamiento con cada cliente, comprueba que las condiciones del modelo le permiten el uso comercial y descubre que parte del código lo escribió un freelance sin contrato de cesión: lo regulariza antes de su ronda presemilla.
Qué multas prevé el reglamento en cada caso lo explicamos en nuestro artículo sobre las sanciones del AI Act.
Sí. Usar un modelo de terceros te convierte, como mínimo, en responsable del despliegue, y si comercializas con tu nombre o tu marca el sistema que construyes sobre él, también en proveedor de ese sistema. Las obligaciones dependen de ese papel y del riesgo del uso, no del tamaño de la empresa.
Las prácticas prohibidas, desde el 2 de febrero de 2025; las obligaciones de transparencia del artículo 50, desde el 2 de agosto de 2026, con margen hasta el 2 de diciembre de 2026 para el marcado del contenido sintético de los sistemas ya comercializados; y las de alto riesgo, desde el 2 de diciembre de 2027 para el anexo III y el 2 de agosto de 2028 para el anexo I.
Las multas por prácticas prohibidas pueden llegar a 35 millones de euros o al 7 % del volumen de negocios mundial del ejercicio anterior. Para las pymes, incluidas las empresas emergentes, cada multa se fija por el importe o el porcentaje que resulte menor (artículo 99.6).
Solo con una base jurídica válida del RGPD y para una finalidad compatible con la que justificó la recogida de los datos. Además, hay que informar a los usuarios y, si el tratamiento entraña un alto riesgo, hacer una evaluación de impacto. Conviene decidirlo antes de entrenar, porque deshacer un entrenamiento es mucho más difícil que planificarlo.
Con contratos. Lo que escriben los trabajadores asalariados en el ejercicio de sus funciones es de la empresa, salvo pacto en contrario (artículo 97.4 de la Ley de Propiedad Intelectual). Lo que escriben los fundadores antes de constituir la sociedad, los freelances o las agencias necesita una cesión por escrito que concrete derechos, modalidades, plazo y territorio.
Ninguna de estas obligaciones exige un gran equipo jurídico, pero todas son más fáciles de cumplir al diseñar el producto que al corregirlo después, con clientes o inversores esperando. En Innovatech asesoramos a startups tecnológicas en el AI Act, la protección de datos, los contratos y la propiedad intelectual de su producto, dentro de nuestro servicio de abogados para startups tecnológicas. Cuéntanos tu caso y te damos una valoración inicial gratuita.
Marta Suárez-Mansilla, Socia Directora de Innovatech y abogada que ejerce en derecho tecnológico. Formada en Copyright por Harvard Law School y en Blockchain por BerkeleyX, acumula más de 8 años de experiencia asesorando a empresas tecnológicas.
