Evaluación de impacto en derechos fundamentales del AI Act: la Comisión publica el modelo de cuestionario

El 16 de noviembre de 2026 la Comisión Europea publicó el borrador del modelo de cuestionario para la evaluación de impacto en derechos fundamentales que exige el artículo 27 del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act). Lo tendrán que usar los organismos públicos, las empresas privadas que prestan servicios públicos y quienes usan IA de alto riesgo para evaluar la solvencia de las personas o fijar precios en seguros de vida y de salud, antes de poner en marcha esos sistemas. La obligación se aplica desde el 2 de diciembre de 2027 y la consulta está abierta hasta el 15 de enero de 2027. Te contamos qué pide el cuestionario y qué conviene preparar ya, también si eres el proveedor del sistema.

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Tabla de contenidos

Qué ha publicado la Comisión

La Oficina de IA de la Comisión Europea ha publicado un borrador de nota explicativa y de modelo de cuestionario para la evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales, la que el Reglamento de Inteligencia Artificial exige a ciertos responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo. El artículo 27.5 encarga a la Oficina de IA ese modelo, también como herramienta automatizada, para que esas organizaciones puedan cumplir de manera simplificada. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) ha participado en su elaboración.

  • Consulta pública: se pueden enviar comentarios hasta el 15 de enero de 2027, mediante un formulario de EU Survey.
  • Prueba del modelo: los responsables del despliegue obligados pueden ofrecerse hasta el 4 de diciembre de 2026 para aplicarlo a uno de sus sistemas, con sesiones de apoyo de la Oficina de IA. La participación es voluntaria y la Oficina elegirá los casos.
  • Versión final: una vez adoptado, el modelo funcionará como herramienta automatizada en la Plataforma Única de Información del AI Act.

Es un borrador. La propia Comisión advierte de que no está adoptado y de que recoge la opinión preliminar de sus servicios, así que puede cambiar.

Quién tiene que hacer la evaluación

No todos los que usan IA de alto riesgo. El artículo 27.1 del Reglamento (UE) 2024/1689 la exige, antes de desplegar un sistema de alto riesgo del anexo III, a tres grupos de responsables del despliegue:

  • Organismos de Derecho público. El reglamento no define el concepto. La nota explicativa propone acudir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia e incluir a los órganos del Estado, las administraciones regionales y locales y otras entidades creadas por el Derecho público para cumplir funciones públicas.
  • Entidades privadas que prestan servicios públicos. La nota remite al considerando 96, que pone como ejemplos la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y la administración de justicia, y entiende que entran también otros servicios de naturaleza pública parecidos.
  • Quien usa IA para evaluar la solvencia o la calificación crediticia de personas físicas, salvo los sistemas de detección de fraude financiero, y quien la usa para evaluar riesgos y fijar precios en seguros de vida y de salud (anexo III, punto 5, letras b y c). Aquí la obligación alcanza a bancos, financieras y aseguradoras privadas, presten o no un servicio público.

En todos los casos quedan fuera los sistemas destinados a las infraestructuras críticas (anexo III, punto 2).

Cuándo hay que hacerla

Antes del primer despliegue del sistema, una por cada sistema y para todas sus finalidades de uso. Si después cambia algún elemento relevante, como los procesos en que se usa, las personas afectadas o la versión del sistema o del modelo en que se basa, hay que actualizarla (artículo 27.2). Según la Comisión, la obligación se aplica desde el 2 de diciembre de 2027, la misma fecha que el resto de obligaciones de los sistemas de IA de alto riesgo del anexo III.

Qué pide el cuestionario, sección a sección

El modelo sigue la estructura del artículo 27.1 y tiene siete secciones:

  1. Información general: tipo de entidad, ámbito del anexo III en que se usa el sistema, si es el primer despliegue, si la evaluación se apoya en otra anterior o en la del proveedor y a qué partes interesadas se ha consultado.
  2. Contexto de uso: la finalidad prevista según las instrucciones del proveedor, los procesos o tareas en que se usa el sistema, cómo se usan sus resultados y durante cuánto tiempo y con qué frecuencia.
  3. Personas y colectivos afectados: una lista para marcar con menores, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, personas en situación social o económica vulnerable, minorías y nacionales de terceros países, entre otros.
  4. Riesgos para los derechos fundamentales: primero la protección de datos, con remisión a la evaluación de impacto del RGPD si existe; después, riesgo por riesgo, qué derechos afecta, a qué colectivos, con qué probabilidad y gravedad (baja, media o alta), qué medidas lo reducen y qué riesgo queda después.
  5. Supervisión humana: qué medidas de las instrucciones de uso se han aplicado, quién supervisa, qué autoridad tiene para anular o corregir el resultado del sistema y qué formación ha recibido.
  6. Medidas si el riesgo se materializa: cómo se detecta, si se suspende el uso, la comunicación al proveedor que exige el artículo 26.5, la gestión de las reclamaciones de los afectados y la gobernanza interna.
  7. Conclusión: una síntesis de los riesgos identificados.

Las autoridades públicas que registran el sistema en la base de datos de la UE rellenan además un resumen que se publicará en ella (artículo 49.3). Una vez completado, el modelo se adjunta a la notificación a la autoridad de vigilancia del mercado (artículo 27.3). Quien use un sistema autorizado de forma excepcional por esa autoridad, por ejemplo por razones de seguridad pública (artículo 46.1), puede quedar exento de notificar, pero no de hacer la evaluación.

Cómo encaja con la evaluación de impacto del RGPD

No la sustituye: la complementa. El artículo 27.4 dice que, si alguna obligación ya se cumple con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos del artículo 35 del RGPD, la de derechos fundamentales la completa. El modelo lo lleva a la práctica: en la sección de protección de datos permite remitir a la evaluación del RGPD o incorporar sus partes relevantes. La del RGPD mira los riesgos del tratamiento para los interesados; la del AI Act, los riesgos del uso del sistema para todos los derechos fundamentales, como la no discriminación o la tutela judicial efectiva. Lo explicamos con más detalle en nuestro artículo sobre el AI Act y el RGPD.

Si eres el proveedor del sistema

La evaluación corresponde al responsable del despliegue, pero depende mucho del proveedor. Tiene que partir de la información de las instrucciones de uso del artículo 13, que a su vez recogen el sistema de gestión de riesgos del artículo 9. Según la nota de la Comisión, ese sistema cubre los riesgos que el proveedor puede reducir al diseñar el sistema, y la evaluación del artículo 27 recoge los que dependen del contexto concreto de uso.

El artículo 27.2 permite al responsable del despliegue apoyarse en evaluaciones de impacto existentes realizadas por el proveedor. La Comisión aclara que el proveedor no está obligado a compartirlas, pero que hacerlo es una buena práctica. Para una empresa tecnológica que vende sistemas de calificación crediticia a entidades financieras o herramientas a la administración, preparar esa información será también un argumento comercial, y conviene dejar por escrito en el contrato qué entrega y para qué puede usarla el cliente. Lo tratamos en nuestra página de abogados para contratos SaaS.

Ejemplo práctico de una plataforma de crédito

Este ejemplo es ficticio. Credia es una plataforma de préstamos al consumo con sede en Valencia que decide las solicitudes con un sistema de calificación crediticia que le licencia un proveedor tecnológico. Es responsable del despliegue de un sistema de alto riesgo del anexo III, punto 5, letra b), así que antes del 2 de diciembre de 2027 tendrá que evaluar su impacto en los derechos fundamentales y notificar el resultado. Credia pide al proveedor las instrucciones de uso y la información de su sistema de gestión de riesgos, reutiliza su evaluación de impacto del RGPD para la sección de protección de datos, identifica como colectivos afectados a las personas mayores y a quienes tienen ingresos irregulares, y define quién revisa las solicitudes rechazadas y cómo reclama un solicitante. Como el borrador puede cambiar, decide probarlo con un caso real y enviar sus comentarios antes del 15 de enero.

Qué conviene hacer ahora

  • Comprobar si tu organización está en alguno de los tres grupos obligados y qué sistemas del anexo III usa o va a usar.
  • Hacer inventario de esos sistemas y de sus finalidades de uso.
  • Pedir al proveedor las instrucciones de uso, la información de gestión de riesgos y, si la tiene, su propia evaluación de impacto.
  • Localizar las evaluaciones de impacto del RGPD que ya existen para esos tratamientos.
  • Designar un equipo que reúna conocimiento jurídico, técnico y del proceso en que se usa el sistema, como recomienda la nota de la Comisión.
  • Valorar si participar en la prueba del modelo, hasta el 4 de diciembre de 2026, o enviar comentarios a la consulta, hasta el 15 de enero de 2027.

Qué sistemas son de alto riesgo y qué otras obligaciones tienen lo explicamos en nuestra guía del Reglamento de IA (AI Act).

¿Qué es la evaluación de impacto en derechos fundamentales del AI Act?

Es el análisis que el artículo 27 del Reglamento de IA exige a ciertos responsables del despliegue antes de usar un sistema de IA de alto riesgo: cómo y cuándo se usará, a quién puede afectar, qué riesgos de perjuicio tiene para sus derechos fundamentales, qué supervisión humana se aplica y qué se hará si el riesgo se materializa. El resultado se notifica a la autoridad de vigilancia del mercado.

Los organismos de Derecho público y las entidades privadas que prestan servicios públicos que despliegan sistemas de alto riesgo del anexo III, salvo los de infraestructuras críticas, y quienes usan IA para evaluar la solvencia de personas físicas, salvo para detectar fraude, o para evaluar riesgos y fijar precios en seguros de vida y de salud.

Según la Comisión, desde el 2 de diciembre de 2027. Hay que hacerla antes del primer despliegue del sistema y actualizarla si cambia algún elemento relevante. El modelo de cuestionario está en consulta hasta el 15 de enero de 2027 y puede cambiar antes de adoptarse.

No. La complementa (artículo 27.4). Si ya has hecho una evaluación de impacto de protección de datos para ese tratamiento, el modelo de la Comisión permite remitirse a ella o incorporar sus partes relevantes en la sección de protección de datos, pero hay que evaluar además los demás derechos fundamentales.

La obligación es del responsable del despliegue, que es quien conoce el contexto de uso. Pero puede apoyarse en evaluaciones de impacto que haya hecho el proveedor cuando el caso sea similar (artículo 27.2). El proveedor no está obligado a compartirlas, aunque la Comisión lo considera una buena práctica.

La evaluación de impacto en derechos fundamentales llega con más de un año de margen y con un modelo que todavía se puede comentar. Es buen momento para identificar los sistemas afectados y reunir la información del proveedor, en lugar de esperar al último trimestre. En Innovatech asesoramos a quienes desarrollan y a quienes usan sistemas de IA en su adaptación al Reglamento de IA, dentro de nuestro servicio de abogados del AI Act. Cuéntanos tu caso y te damos una valoración inicial gratuita.

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Marta Suárez-Mansilla, Socia Directora de Innovatech y abogada que ejerce en derecho tecnológico. Formada en Copyright por Harvard Law School y en Blockchain por BerkeleyX, acumula más de 8 años de experiencia asesorando a empresas tecnológicas.