En España, el software se protege por derechos de autor. La Ley de Propiedad Intelectual dedica su título VII a los programas de ordenador: los protege si son originales, en cualquier forma de expresión, con su documentación preparatoria y sus versiones sucesivas (artículo 96), y reserva a su titular la reproducción, la transformación y la distribución (artículo 99). No protege las ideas y los principios en que se basan, incluidos los de sus interfaces.
La titularidad es la cuestión clave. Lo que crea un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones es de la empresa, salvo pacto en contrario (artículo 97.4). En los demás casos, los derechos son del autor hasta que los cede, y la cesión tiene que constar por escrito y concretar los derechos, las modalidades, el plazo y el territorio: si no menciona el plazo, dura cinco años, y si no menciona el territorio, se limita al país donde se firma (artículos 43 y 45). Lo explicamos en nuestro artículo sobre de quién es el código y cómo se cede.
Dos normas completan la protección. La Ley 24/2015 de Patentes excluye los programas de ordenador considerados como tales (artículo 4), pero no las invenciones técnicas que los incorporan. Y la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales protege la información técnica que tiene valor por ser secreta, siempre que su titular haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto (artículo 1).
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